Señora Directora:

El fallo de la Corte Suprema del pasado 30 de noviembre fue una solución que vió el máximo tribunal para poner término al proceso masivo de judicialización que se inició tras el vacío legal que quedó tras haberse declarado inconstitucional en el año 2010 por el TC.

La asociación de Isapres ha presionado para que la Superintendencia de Salud flexibilice lo resuelto por la Corte Suprema a través de la normativa que está obligada a dictar. Sin embargo, su mandato está delimitado por la ley y la no aplicación de la sentencia supondría una situación de desacato, además del costo político que eso supondría.

El mundo político parece no comprender los efectos sanitarios y económicos que significaría la caída de solo una Isapre. Una eventual salida que dé viabilidad al sistema requiere un esfuerzo de las distintas bancadas, y no puede desconocer el rol de servicio público de las Isapres.

Francisco Campos